El Aparecidito
Ahora resulta...

Esto sólo puede pasar en México... Después de que Germán Martínez Cázares se hiciera el perdedizo porque Manuel Bartlett lo demandó por "daño moral", cuando aquel se fue de la lengua y lo acusó de ser el responsable del asesinato del periodista Manuel Buendía, Martínez reaparece públicamente.. ¡como próximo Secretario de la Función Pública!

Esto sí es la iglesia en manos de Lutero...

Durante cinco meses, ni el IFE, ni el IMSS, ni el ISSTE y menos el PAN, sabían donde localizarlo. Quizás si los agentes ministeriales le hubieran preguntado al equipo de transición de Felipe Calderón acerca del paradero de Martínez Cázares, hubieran tenido mejor suerte.

Jugando a las escondidillas

Martínez Cázares, despúes de acusar públicamente y sin pruebas a Manuel Bartlett, ex-secretario de Gobernación, como autor intelectual del homicido de Manuel Buendía durante una sesión del IFE, sencillamente desapareció.

Bartlett y el dedo en la llaga

Hace casi seis meses que Bartlett, ex senador priísta, presentó una demanda civil por "daño moral" en contra del panista Germán Martínez Cázares, quien lo acusó, durante una sesión en el Instituto Federal Electoral (IFE), de ser el responsable del asesinato del periodista Manuel Buendía, pero el el juicio no ha podido avanzar.

Y por lo que se ve, ahora avanzará menos, ya que a partir del 1o. de Diciembre, este temerario sujeto — que también se tuvo que tragar sus palabras después de que atrevió a acusar dolosamente a Andrés Manuel López Obrador de tener un título profesional falso —, será Secretario de la dependencia encargada de vigilar la honradez de los servidores públicos.

Las Triquiñuelas de Germán

"Ha habido una serie de triquiñuelas de Martínez Cázares para evitar así que el juicio avance, entre ellas, que no se le puede ubicar en algún domicilio particular para notificarle la demanda. ¡Ahora resulta que no existe!", señaló Bartlett. Incluso, dijo, la juez de la causa, Bárbara Aguilar Morales, solicitó a diversas instituciones públicas, como el IFE y la Secretaría de Transporte y Vialidad, los datos requeridos para localizarlo, pero éstas respondieron que no existen.

Acompañado por su abogada Cristina Rocha, el priísta precisó hace unas cuantas semanas, en entrevista con Andrea Becerril, periodista de La Jornada, que es obvio que Martínez Cázares uno de los panistas cercanos a Felipe Calderón, se esconde y contra su costumbre, permanecía hasta entonces "muy calladito" para no enfrentar su responsabilidad, al haberlo acusado públicamente de ser el autor del homicidio de Buendía, a sabiendas de que es "una falsedad, una canallada".

Desde el mismo día, 31 de mayo, en que Martínez Cázares lanzó esa acusación, Bartlett le exigió dar la cara y probar sus dichos y advirtió que lo demandaría, "para parar ese tipo de infamias".

Bartlett precisó que tal calumnia la impulsó Martínez Cázares a un mes de las elecciones del 2 de julio y como parte de la guerra sucia que el PAN llevó a cabo para posicionar a Calderón.

Por ello, preparó la demanda la ALDF había aprobado recientemente una nueva ley por daño al patrimonio moraly tres días antes de la elección la presentó en el juzgado décimo de lo civil, donde cinco meses después apenas avanza.

"Nos hemos enfrentado a una serie de maniobras del señor Martínez Cázares, a quien no se le ha podido ubicar en un domicilio particular para notificarle la demanda, tal como se establece en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles", lo que obligó a la juez a demandar la información a diversas instituciones, detalló la abogada.

Hizo notar que tanto el IFE como la Secretaría de Transporte y Vialidad, el IMSS, el ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro, e incluso Telmex, respondieron a la juez que no tienen en sus registros dato alguno del domicilio de Martínez Cázares.

"Parece increíble que no tenga licencia de conducir y que en el Registro Federal de Electores no esté dado de alta, porque ello significa que no tiene credencial del IFE y habría que preguntarse entonces cómo votó", recalcó Bartlett. Precisó que de todas formas, el juicio sigue su curso y la juez de la causa decidió emplazar al demandado a través de tres edictos que se publicaron en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación nacional.

¿Y el tan cacareado estado de derecho de la que tanto hablan los políticos y empresarios sistémicos? Una muestra más del increíble desprecio del panismo por la justicia y las leyes cuando estas no les son favorables

Empresa
Alberto Barranco
27 de noviembre de 2006
Nota original:
Jaque al rey

En la paradoja, el primer movimiento en el tablero del gobierno paralelo que encabeza Andrés Manuel López Obrador constituye un jaque al rey. o mejor dicho, a los 12 reyes que dominan otros tantos mercados, vía una iniciativa de nombre sugerente: Ley de Precios Competitivos

De acuerdo con un documento entregado al Senado de la República por los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista, el ordenamiento actuaría como Ley Reglamentaria de uno de los capítulos del artículo 28 de la Constitución.

Lo curioso del caso es que la propuesta coincide con un viejo clamor del Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), al que pertenece México.

Más aún, la exigencia de combatir excesos derivados de posiciones hegemónicas en mercados relevantes la había puesto en la mesa el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz.

La exposición de motivos pareciera apuntar de lleno al blanco: pese a la asimetría de los salarios, que en Estados Unidos son 10 veces mayores, existen precios en México por productos y servicios dos o tres veces mayores que en el país de las barras y estrellas.

La catarata abruma: mientras en México se le carga a los usuarios de tarjeta de crédito que hacen una compra de 2 mil pesos en una tienda de autoservicio una comisión equivalente a 3.7 dólares, en el país del norte se cobran 10 centavos de dólar sea cual sea el monto. La diferencia es de 3 mil 600%.

Más allá, mientras en una mezcla de números con otros proveedores, Telcel cobra 23.5 centavos de dólar por minuto de llamada celular, la empresa Verizon aplica allende el Bravo una tarifa de 5.7 centavos, es decir, 312.3% menos.

En la misma ruta, la renta mensual para el servicio de banda ancha en internet que cobra Telmex-Prodigy Infinitum alcanza el equivalente a 54 dólares, en tanto en Estados Unidos Verizon Online cobra 15. La diferencia, pues, es de 260%.

En otro plano, Cementos Mexicanos cobra el equivalente a 165 dólares la tonelada de cemento en México, en tanto Cement Portland North American Export Company la vende en 51: 223.5% menos.

Y si le seguimos, mientras en nuestro país Banamex cobra un rédito de 62.2% anual a los usuarios de su tarjeta de crédito clásica, su matriz en EU, Citigroup, aplica sólo 22.4. La distancia es de 177.2%. Y como también del lado público hace aire, hete aquí con el reciente aumento, la gasolina Premium cuesta aquí 17.7% más que allá, en tanto la electricidad de alta tensión se cobra en México 36.2% más que en Estados Unidos. Y no le seguimos por falta de espacio.

El caso es que al fragor de la fiesta las utilidades de América Móvil, es decir, la matriz de Telcel, alcanzan en México un margen de 50%, en tanto en Brasil llegan a 25% y en Argentina a 9%.

A su vez, mientras el margen de Cementos Mexicanos en el país es de 40%, en Estados Unidos alcanza 31%. Y mientras Banamex alcanza 32%, su matriz global, Citigroup, llega sólo a 24%.

En otro plano, Kimberly Clark México alcanza un porcentaje de 30%, mientras a escala mundial su matriz llega sólo a 20%.

Ahora que el punto álgido de la propuesta, pese al alegato de no intentar un control de precios sino equilibrar la oferta y la demanda, se centra en el artículo séptimo, que plantea sujetar a bienes y servicios, incluidos los estatales, a precios "con orientación competitiva".

Estos se integrarán sobre la base de los precios al consumidor; los costos normales de producción, y la situación de la oferta y demanda del mercado nacional y de los mercados de Estados Unidos, Canadá y los países centroamericanos.

En el caso de mercancías se podría abrir la frontera, es decir, abatir aranceles, para equilibrar la oferta.

Ahora que cuando se alcance la reincidencia o contumacia, se podría llegar a la expropiación, requisa o aseguramiento de los bienes, o en su caso la revocación de las concesiones o, en el menos drástico de los escenarios se les suspendería a las empresas responsables la posibilidad de participar en licitaciones públicas.

¡Pácatelas!