BITACORA REPUBLICANA
Porfirio Muñoz Ledo
La culminación inesperada de las sesiones del Congreso ha dado pábulo al asombro y suscitado toda suerte de expectativas. Algunos quisieran interpretarla como el ansiado retorno a la normalidad democrática y otros como un signo evidente de incongruencia política. Veámosla en sus justas dimensiones.
La aprobación de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal , mediando el rechazo inicial del Senado al aumento del impuesto a los refrescos, conformó la primera sorpresa de la temporada. Vino enseguida el consenso sobre un presupuesto, modificado en lo posible según las exigencias de la oposición.
Nada más regular en la vida parlamentaria que el ajuste entre la recaudación y el gasto o el regateo de las partidas de acuerdo a los intereses locales, políticos o ideológicos. Lo que produjo azoro fue la reconciliación de los bandos que hasta hace poco se habían confrontado por la posesión de la tribuna, con la ferocidad de cruzados y musulmanes.
Ciertamente, asistimos a una catarsis en el sentido de “purificación ritual de personas o cosas”, pero también de “eliminación de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso”. El estallido de los abrazos y las carcajadas escenificó la liberación síquica y en alguna medida partidaria de los congresistas
El reencuentro hilarante, en contraste con la violenta pugnacidad de los días previos, habla asimismo de una tendencia prototípica del mexicano hacia la ambivalencia afectiva. La zozobra que, como decía Emilio Uranga, acusa un movimiento pendular del alma. Entendible que diciembre sea el mes del amor, pero sintomático que septiembre lo sea del odio.
La unanimidad parlamentaria no basta para exorcizar el pasado. Puede ser la señal de un nuevo comienzo en las relaciones del Legislativo con el Ejecutivo, ajenas al soborno, el veto y la descalificación que caracterizaron la actitud de Fox hacia el Congreso. No resuelve sin embargo la cuestión esencial: la legitimidad del mandato presidencial.
Los legisladores se legitimaron a sí mismos. Se lavaron el rostro frente a la opinión publica con el doble objetivo de mejorar sus credenciales democráticas en vista de los próximos comicios y ejercitar su capacidad de resistencia y negociación frente al programa del nuevo gobierno. En suma, una prueba de habilidad y fuerza de cara a los electores.
Ha dicho un agudo analista que durante el sexenio anterior padecimos la presidencialización del parlamento. Esto es, que los legisladores actuaron como rehenes, bien del Ejecutivo o bien de sus candidatos presidenciales. Solo así se explican los antagonismos irreductibles que alcanzaron su punto climático cuando la toma de protesta.
Podría dar comienzo ahora un fenómeno inverso: la parlamentarización del presidencialismo. La conformación de una mayoría legislativa de oposición, correspondiente al sufragio público, que permitiera compensar y aun reencauzar las decisiones del Ejecutivo. Si esa mayoría llegase a ser favorable al Presidente, terminaría convirtiéndose en coalición de gobierno y estaríamos a las puertas de un régimen parlamentario.
En esa dirección parece apuntar la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado sujeta a debate en el Senado de la República. El proyecto considera que la elección del 2006 fue “profundamente inequitativa” y que el dictamen de validez emitido por el Tribunal Electoral “no ha permitido encauzar el conflicto político y ha generado un déficit de legitimidad” de la elección presidencial.
Reconoce los esfuerzos previos orientados al mismo objetivo, en particular los de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Propone convocar a “todos los actores relevantes” incluyendo al Poder Ejecutivo, las Cámara del Congreso, las Entidades Federativas y los Partidos Políticos, “para que participen en una discusión ordenada, que permita concluir la etapa pendiente de la transición mexicana”.
Intenta viabilizar el diálogo político por la “vía propia de la razón” a fin de presentar al Congreso las modificaciones necesarias a la Constitución Política del país y a la legislación ordinaria. Si a este mecanismo se le añadiese la participación de los municipios, la sociedad civil, y los actores económicos quedaría integrada una Convención Nacional, semejante a la que hemos propuesto.
La ruta de la nueva constitucionalidad requiere niveles todavía más altos de conciencia y voluntad política. Pero es la única que desembocaría en la genuina reconciliación entre los mexicanos.
