Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
12 de febrero de 2007

Rectificando

Según el ´Diccionario´ de la Real Academia, rectificar es: reducir una cosa a la exactitud que debe tener; procurar uno reducir a la conveniente exactitud y certeza los dichos o hechos que se le atribuyen; contradecir a otro en lo que ha dicho por considerarlo erróneo; modificar la propia opinión que se ha expuesto antes; corregir las imperfecciones, errores o defectos de una cosa ya hecha; enmendar uno sus actos o su proceder.

Pues resulta que en estos tiempos de necedades a contrapelo llaman la atención dos decisiones del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación del "duro" Ramírez Acuña, rectificando determinaciones anteriores.

En el primer caso, se da marcha atrás al mal llamado "endurecimiento de normas" que convertía en cárceles -con todo y calabozos- a las 45 estaciones migratorias del país. Un articulado injusto e insensible que hubiera dado trato de delincuentes a los migrantes centroamericanos que, al igual que los nuestros, van al norte en busca de la supervivencia. Esta denuncia fue documentada por muy numerosas organizaciones no gubernamentales y expuesta oportunamente en las páginas de EL UNIVERSAL.

Con el pretexto de mostrar mano firme contra los maras y otros delincuentes, se pretendía aislar y hasta torturar -por lo menos sicológicamente- a la gran mayoría de migrantes. Un atropello flagrante a los más elementales derechos humanos que, por fortuna, ha sido desactivado.

Otra rectificación notable es que finalmente se autorizó la salida al aire del archimentado video del PRD en donde Andrés Manuel López Obrador protesta como "presidente legítimo" en el zócalo. Un mensaje legal de ese partido que puso en la encrucijada la relación del gobierno con el IFE, que se vio obligado a emplazar a la propia autoridad para su transmisión.

Cierto, los argumentos oficiales legaloides para la prohibición fueron muy endebles y desembocaban, a querer o no, en un acto de censura previa. La contraargumentación para rectificar el acto reclamado por los perredistas tampoco es muy convincente.

Es pues una decisión política y punto. Pero qué bueno que así sea, en cualquier caso. Porque se trataba de un acto de autoritarismo que enviaba por lo menos tres mensajes absolutamente negativos: un menosprecio a los derechos ciudadanos y a sus criterios; un nuevo frente de choque con el PRD; y sobre todo proyectaba la imagen de un gobierno intolerante y autoritario que no respeta el principio básico de la libertad de expresión.

Lo curioso es que estas rectificaciones ya han generado respuestas diversas y contrastantes: desde un sentimiento de derrota de los halcones del gobierno y del PAN hasta la inquina burlona de los que ahora se mofan porque el gobierno se dejó torcer la mano por las ONG y los lopezobradoristas. Pocas voces de reconocimiento a la mesura y capacidad de autocrítica. Ni modo, cualquier rectificación implica esos riesgos, por lo que se requiere una dosis de valor que habrá de reconocerse. Aunque todavía falta. Y es que sin afán de menospreciar lo hecho, es probable que pasado el tiempo ambos asuntos pasen al anecdotario político de una memoria a veces flaca.

En donde la capacidad del gobierno ha de ponerse a prueba es en asuntos verdaderamente gordos. Como rectificar el rumbo del país y consensuar una estrategia inteligente que privilegie la inversión en educación, en investigación, en ciencia y tecnología. Que propicie un mercado interno más activo, más millones de mexicanos con poder de compra, con una más justa y hasta conveniente distribución del ingreso. Dejar atrás el modelito neoliberal que nos ha rezagado en competitividad y productividad y ha conformado un México profundamente desigual, injusto y con cada vez más pobres. A ver si es cierto que son capaces de rebasar por la izquierda.

Y a propósito, hay otros casos de rectificación que tampoco sabemos si se quedarán en la anécdota o se instalarán en la trascendencia: por ejemplo, el rechazo del PRD -en el pleno del Consejo Nacional- a la candidatura de la ex panista Ana Rosa Payán al gobierno de Yucatán. Falta ver también si Hugo sigue con su lista de nombres, o se decide por un grupo de hombres con el talento y los tamaños que él mismo puso en la cancha. No ha de faltar mucho para testimoniarlo.

ddn_rocha@hotmail.com

Sergio Aguayo Quezada
El desengaño

Hace cinco semanas el gobierno federal desplegó a miles de soldados y policías en Tijuana. Decidieron enfrentar al crimen organizado disputándole el control del territorio. La apuesta fue grande y los riesgos empiezan a aparecer en la medida en la que se hace evidente la falta de resultados.

Presidente débil y Estado anoréxico. La ecuación captura la esencia del sexenio pasado en asuntos de seguridad. Se trata de un problema mayúsculo porque al menos el 22 por ciento de la población y 40 por ciento del territorio fueron dejados a merced del crimen organizado; la sociedad se defendió con silencios, evasiones y soluciones individuales. Los secuestros, los asaltos a mano armada y las ejecuciones hicieron insoportable la existencia e imposible la indiferencia. Y en ciudades como Tijuana se desataron las protestas.

Jesús Alberto Capella es un hombre joven y claridoso que tomó la riesgosa opción de combatir a los sicarios y a quienes los arropan o patrocinan desde los diferentes niveles de gobierno. Como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Capella ha movilizado a la sociedad y organizado marchas por el territorio y publicado desplegados; "lo único que me falta es encuerarme enfrente del palacio de gobierno en Mexicali o en el Zócalo", dice.

Cuando la Federación envió la tropa a Michoacán, Capella provocó un alboroto al exigir públicamente que Los Pinos ordenara el despliegue de militares en Baja. Y en medio del estruendo de las trompetas y las panderetas de una legión de comunicadores gubernamentales nació, el 2 de enero, la "Operación Tijuana"; desde el gabinete se informó que a esa ciudad llegarían 3 mil soldados y marinos, lanchas rápidas, vehículos artillados... la ciudadanía respiró aliviada.

El sábado 10 de febrero el presidente Felipe Calderón continuó con la ofensiva mediática y con motivo de la celebración del día de la Fuerza Aérea lanzó una emotiva consigna a gobierno y sociedad: "rescatemos a México", dijo. En párrafo aparte puntualizó que por lo pronto su objetivo es liberar ocho estados: Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Nuevo León. Remachó con uno de los giros retóricos con más solera: se aplicará -aseguró- "toda la fuerza del Estado" para "arrebatar a los delincuentes los espacios públicos".

La sonoridad retórica está plenamente justificada porque en los ocho estados -seis de ellos ubicados en el estratégico norte- viven 24 millones de personas en un territorio de 763 mil kilómetros cuadrados. Era absurdo, era riesgoso, que el Estado concediera tanta libertad de acción al crimen organizado que imponía su ley. Dada la corrupción, ineficacia o impotencia de los 350 mil policías, la alternativa estaba en llamar a las Fuerzas Armadas, a la principal reserva que el Estado tiene para salvaguardar la seguridad nacional amenazada.

Sacar a la tropa de los cuarteles -me confirman funcionarios de alto nivel- tenía como primer objetivo demostrar la firmeza del Presidente y recuperar el espacio cedido a, y ganado por, el crimen organizado. Al amparo del mazazo mediático se procedería a captar la inteligencia requerida para la detención de los principales capos y el desmantelamiento de los batallones de sicarios. La estrategia parecía tan sensata como realistas los objetivos.

Acabo de visitar Tijuana donde dialogué con una muestra más que representativa de conocedores del submundo criminal y de sus resortes. El entusiasmo inicial ya fue sustituido por el desconcierto y el desaliento de académicos, líderes sociales, periodistas... Con la explicación colectiva puede tejerse una cronología de las cinco semanas pasadas desde el 2 de enero: 40 días después de instalados los retenes, éstos empezaron a relajarse; a las tres semanas se hizo evidente que no se detendría a capos cuyos apodos, manías y lugares de reunión son citados con precisión; al cumplirse el primer mes se reiniciaron los secuestros y 10 días después -12 de febrero- ya son cinco las víctimas.

Nadie entiende la tibieza del gobierno federal aunque abundan las especulaciones que convergen en una inquietante conclusión: ¿si ni el Ejército pudo -se preguntan-, qué será de nosotros? Entretanto, el alcalde tijuanense, el ambicioso y rico Jorge Hank Rhon, aprovecha el momento para seguir aplanándose el camino hacia una gubernatura en manos panistas desde 1989. Funcionarios de la presidencia municipal que Hank encabeza contradicen abiertamente a la Federación y aseguran que en lugar de los 3 mil militares prometidos sólo llegaron 400; también difunden spots ensalzando a los policías municipales que el Ejército hiciera famosos quitándoles sus armas.

Es un error concluir que las armas nacionales fueron derrotadas; imposible porque nunca hubo una verdadera batalla. Hasta el momento de enviar esta columna el "Operativo Tijuana" se ha concretado a seleccionar los lugares más lucidores para la imagen. De mantenerse la situación actual se confirmaría la debilidad del Estado que tal vez desplegó a sus efectivos sin contar con una estrategia integral o con la inteligencia requerida para desmantelar a los cárteles. Las carencias se confirman porque nada se está haciendo para reducir el preocupante incremento en las adicciones; más del 90 por ciento del presupuesto sigue dedicándose a la erradicación y la interceptación de narcóticos que son, por cierto, las principales metas de una estrategia elaborada en Washington hace ya varias décadas.

En Tijuana el crimen organizado sigue entero y la sociedad digiere como puede lo que está pasando, mientras espera inquieta el regreso de sicarios alebrestados por las pérdidas monetarias, las extradiciones y las molestias causadas por un operativo cuyo rasgo más distintivo ha sido la búsqueda del brillo mediático. El desengaño.

La Miscelánea
El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Berkeley, en California, acoge en su biblioteca, desde el pasado 29 de enero, una exposición que los grandes museos estadounidenses se han negado a exhibir por razones más allá de las artísticas: se trata de 47 pinturas de Fernando Botero sobre las torturas de soldados estadounidenses a presos iraquíes en Abu Ghraib. Además de Berkeley, la muestra que cosechó éxitos en Europa, sólo se ha presentado en una pequeña galería privada neoyorquina. La batalla por las libertades básicas no reconoce fronteras.
Correo electrónico: sergioaguayo@infosel.net.mx

 

Miguel Ángel Granados Chapa
Sindicato minero

Mañana hará un año que el secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar, ahora miembro del Comité Nacional del PAN, desató una grave crisis en el gremialismo minero a partir de un endeble escrito, uno de cuyos firmantes niega haberlo hecho y denuncia falsificación de su firma

Mañana hará un año de que el secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar desencadenó una crisis en el sindicato y la industria minera, al pretender deponer a Napoleón Gómez Urrutia como líder de la organización gremial e imponer en su lugar a Elías Morales, que había sido expulsado de esa agrupación.

Ésa y otras muchas acciones contra la autonomía sindical han sido realizadas o avaladas por el gobierno panista, no sólo el encabezado por Vicente Fox, sino también por el actual. Ya es mucho que Salazar, responsable directo de los problemas en el sector minero, haya sido incorporado al Comité Nacional panista (junto con Carlos Abascal y Luis Ernesto Derbez) como ¡secretario de Acción de Gobierno!, sino que la Procuraduría General de la República ha continuado la estrategia de deturpar a Gómez Urrutia dando por hechos supuestos o trámites en curso. Su más reciente aportación al embate contra Gómez Urrutia lo comprueba: ha dicho haber solicitado la extradición del dirigente, que se halla en Vancouver, y cuando se enfrenta al desmentido de la embajada de Canadá, pretende aclarar que lo pedido fue la detención provisional del dirigente minero presuntamente depuesto. Ni lo uno ni lo otro, ha insistido todavía el martes pasado el embajador Gaëtan Lavertu, quien informa que Gómez Urrutia se encuentra en aquel país como turista, con plena libertad de desplazamiento, puesto que su gobierno no ha recibido requerimiento alguno en torno del ex director de la Casa de Moneda.

El 17 de febrero de 2006, a escondidas, la Secretaría del Trabajo tomó nota de un presunto nuevo liderazgo en el sindicato minero. Miembros del consejo de vigilancia notificaron en un papel simple que Gómez Urrutia había sido destituido y nombrado en su lugar Morales. Ese mismo día, con celeridad insólita en ese género de diligencias, se tomó nota de lo informado, es decir se formalizó la sustitución de líderes. En esa misma fecha, un extraño asalto al domicilio social del sindicato, cuyos líderes estaban ajenos a la maniobra urdida en la Secretaría, pareció resultado de la posición de Gómez Urrutia en la sucesión en el Congreso del Trabajo. Sólo mucho después se comprendería que acaso se intentó tomar la sede sindical para completar el pretendido despojo de la autoridad en el gremio.

Esos acontecimientos no trascendieron, o fueron escasamente atendidos porque ocurrieron en viernes, y el domingo 19 se produjo la gran tragedia en una mina de carbón en Pasta de Conchos, propiedad del Grupo minero México, que no sólo era y es contraparte laboral del sindicato sino enemigo político de Gómez Urrutia, probable impulsor de la temeraria decisión de Salazar de desplazarlo de la dirección sindical. A pesar de la gravedad humana y laboral del acontecimiento en el que perdieron la vida 65 personas, cuyos cuerpos, con sólo una excepción, desde entonces permanecen atrapados en las ruinas de un estallido culposo, la tensión prevaleciente en aquel poblado de Coahuila fue el telón de fondo en que autoridades y empresa dieron a conocer el presunto reemplazo de Gómez Urrutia.

Desde entonces, y formalmente dos veces, en mayo y en diciembre pasado, Juan Luis Zúñiga, uno de los miembros del consejo de vigilancia que habrían acudido a la Secretaría del Trabajo para impulsar a Morales, negó haberlo hecho. Ha presentado denuncia ante la Procuraduría General de la República sobre la falsificación de su firma. De establecerse que su dicho es verdad se desharía la trama contra Gómez Urrutia. Un dictamen pericial ofrecido por el sindicato prueba la falsificación, pero la Procuraduría General de la República ha sido especialmente lenta en practicar o en dar a conocer su propio dictamen. Esa demora forma parte del papel atribuido a la PGR en esta maniobra contra Gómez Urrutia, que el año pasado se empecinó en filtrar datos contenidos en expedientes de averiguación previa. De ese modo el Ministerio Público federal, cuyo jefe el año pasado es ahora de nuevo consejero jurídico de la Presidencia, ha suplido con estrépito mediático su incapacidad para organizar una acusación que fuera atendible por la justicia federal. Sólo han prosperado acusaciones en el fuero común (en el Distrito Federal, Sonora y San Luis Potosí) que serían la base para solicitar la captura y extradición de Gómez Urrutia, extremo al que el gobierno federal debe llegar con cuidado porque se expone a que el de Ottawa rehúse detener al dirigente acogido allá por el sindicalismo canadiense, si la acusación no se sustenta en evidencias rigurosas.

No obstante los intentos de sustituir en los hechos a la dirección encabezada por Gómez Urrutia, esfuerzos que sólo han conseguido dividir al sindicato, todavía algunas de las principales empresas del sector han renovado sus contratos (febrero es la época de las revisiones) con comités locales apegados al liderazgo de quien se halla en Canadá. Por eso pueden plantear un paro para el próximo lunes como nueva medida de apremio al gobierno federal para que ponga fin a la peligrosa farsa montada por Salazar. Así ha ocurrido por ejemplo en Sicartsa, cuyos antiguos propietarios vendieron la siderúrgica al grupo indio Mittal. Antes de vender, los integrantes del grupo Villacero, contrarios a Gómez Urrutia, enfrentaron una prolongada suspensión laboral que la fuerza pública pretendió romper, con saldo de dos personas muertas.

Ése y otros acontecimientos violentos forman parte del saldo rojo generado por el hoy secretario de Acción de Gobierno del PAN.

Cajón de Sastre
No tiene límite la terquedad de la Secretaría de Gobernación en apoyo de la censura dictada por su director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Después de impedir durante semanas la emisión de un programa del PRD, que es parte indeclinable de sus prerrogativas, con base en especiosos razonamientos jurídicos, al fin dispuso la puesta al aire de la emisión censurada, en sus versiones para radio y televisión. Se anunció que sería transmitido el miércoles 14 a las 22:00 horas por el Canal 11. Hacerlo hubiera convenido a los propósitos silenciadores de RTC, pues la atención pública recaía en partidos de futbol. Pero la transmisión no se realizó. Ante la protesta de algunos televidentes frustrados, se ha informado que si bien no apareció a las 22:00 horas sí se presentó a las 0:30 del jueves, al concluir la emisión de medianoche del noticiario de Adriana Pérez Cañedo. Salvo que hubiera yo padecido un prolongado pestañeo, aseguro que después de las noticias de inmediato se inició la cinta Betty Fisher y otras historias.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

 Carmen Aristegui F.
¿Fox delincuente?

Vicente Fox da pie con sus declaraciones para que se abra una investigación de oficio sobre su influencia en las elecciones del 2006. ¿Intentará además de todo golpear el gobierno de Felipe Calderón?

Vicente Fox no deja de sorprendernos. Parecía insuperable la declaración, hace varias semanas, a la periodista Yuriria Sierra sobre haber ganado dos veces la Presidencia. En el año 2000 él, y en 2006 cuando ganó con su candidato. "Para que te digo que no si, sí", le dijo en una confesión que ratificaba lo ampliamente dicho y sabido sobre la obsesión de Fox por impedir a toda costa -y como finalmente ocurrió- que López Obrador llegara a la Presidencia.

Esta semana en el Kennedy Center (ante 400 sillas ocupadas de 2 mil disponibles según informa Dolia Estévez en El Semanario), Fox reconoció que perdió con el ex jefe de Gobierno en el tema del desafuero pero se desquitó, 18 meses después, con el triunfo de su candidato.

Más allá de simpatía o antipatía por Calderón o López Obrador, estamos frente a la confesión de parte de Vicente Fox de una utilización indebida -¿o ilegal?- de los aparatos políticos y de justicia al alcance de un Presidente -de un país como México- para impedir, por las razones que sean, que un actor central de la contienda prosperara en su cometido.

Se agrega ahora la acusación que hizo el senador Carlos Navarrete a quien fuera secretario particular de Fox, Emilio Goicoechea. Navarrete dice que el 26 de enero de 2006, Goicoechea convocó a empresarios a quienes pidió impedir que ganara López Obrador y les habría preguntado si tenían acceso a periodistas estadounidenses para filtrar información, en poder del Ejecutivo, para afectar su imagen. Goicoechea niega dichas imputaciones.

Veremos en qué para este asunto, pero alimenta el reclamo a la actuación del ex Presidente. La agravante para Fox tiene que ver con que este país votó por él en el año 2000 con la fuerte esperanza de cambiar los ejes de la política para garantizar, entre otras cosas, que las elecciones fueran -como dictan las democracias- espacios de competencia con equidad y transparencia para que se expresara la voluntad de los electores -cualquiera que ésta sea- sin la intromisión de factores, incluso hoy, prohibidos por la ley.

Fox no sólo deshonró sino que abiertamente traicionó ese mandato. La declaración en Washington pinta de cuerpo entero al ex Presidente. Le da pie al PRD para exigirle al IFE una investigación de oficio y de paso, le permite decir a Leonel Cota que esto también pone en evidencia un muy claro acuerdo entre el ex Presidente y el líder del PAN, Manuel Espino, para "hacer más chaparrito al gobierno de Calderón".

Si así fuera, sería el colmo que además de todo, Fox intentara debilitar a Calderón en alianza con Espino y estropeara los frágiles equilibrios que aún quedan en el país después de lo ocurrido en el proceso electoral. La única virtud de la grave crisis por la que México ha atravesado, ha sido la de imprimir urgencia a la necesidad de replantear, en su conjunto, al sistema político mexicano a través de una postergadísima Reforma del Estado, cuya ley acaba de ser aprobada por unanimidad en el Senado en un claro reconocimiento de la clase política de que así como están las cosas nadie va a poder gobernar este país.

Sólo falta que Fox, con lo dicho en Washington, trastoque el panorama. Aunque sin consecuencias para él, el TEPJF ya había reconocido (de forma limitada) el intervencionismo de Fox. En el texto que valida la elección se puede leer: "...esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes en el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas".

Se recuerda también que un miembro de ese tribunal llegó a decir que Fox había sido el factor que puso en mayor riesgo la validez de la elección. El punto con Fox ya no es si es irresponsable, torpe o cínico, como ha quedado demostrado, sino si deben y pueden fincársele responsabilidades por su actuación.

El que puso el dedo en la llaga fue el ministro en retiro don Juventino Castro y Castro: "...lo que acaba de decir el ex presidente corresponde a su personalísima responsabilidad. Si reconoció cuál había sido el fondo de toda esta cuestión, con mucha mayor razón debemos recordar el fallo del TEPJF: sí, hubo un abuso, hubo una violación de la ley", dijo quien además agregó que si bien los resultados electorales son un tema "intocable", probables delitos es un tema abierto, "no ha prescrito", señala don Juventino. ¿Llamará alguien a cuentas a Vicente Fox?