lunes, octubre 16, 2006

Creciendo en la Democracia
Por: Irma Rosado

Estimados todos los participantes en La Fragua Va:
Por este medio quiero compartir con ustedes algunas
ideas para comenzar nuestra lucha frontal como
observadores y críticos del quehacer político en
nuestro Municipio.

Primero quiero mencionar que como ciudadanos contamos
con herramientas activadoras de la democracia y las
cuales tenemos que conocer y activar, porque ya
existen en nuestra constitución.

Nuestro movimiento es muy importante y con una buena
organización y estrategias puntuales, nuestra lucha no
se verá diluida o perdida en el espacio.

Nombramos un Comité, del cual soy miembro y tengo tres
propuestas puntuales en las que podemos trabajar.

Una es luchar por hacer operativo las formas de
Plebiscito y Referéndum. Un buen ejemplo de los
resultados de un plebiscito lo tenemos en la Ciudad de
México hace algunos años, cuando las organizaciones
ciudadanas decidieron que ya no queríamos tener un
Regente (gobernador de la ciudad)nombrado por el
Dedazo Presidencial. El resultado, nuestro primer
Gobernador del Distrito Federal electo popularmente
fue Cuauhtémoc Cárdenas.

Para solucionar el problema actual en Oaxaca con
respecto a la salida del Gobernador, se está
considerando un Referéndum. De llevarse a cabo esta es
la solución pacífica que se necesita para evitar la
intervención de las fuerzas armadas.

Utilizar el Plebiscito y el Referéndum es una
verdadera práctica democrática. Obviamente somos los
ciudadanos quienes los debemos impulsar, por ser éstos
nuestras herramientas contra los malos gobiernos.

EL REFERERENDUM Y EL PLEBISCITO EN LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Francisco Flores Román

La participación popular en México se da de dos
maneras en las tareas oficiales del Estado -
Democrático Representativo.

a). Mediante la acción política difusa que se lleva a
cabo a través de la opinión publica, de los partidos y
políticas de los grupos de presión.

b)Mediante la acción política concreta, limitándose a
una forma de sufragio, es decir el voto.

La participación popular que se limita al voto se
encuentra reglamentada por nuestra Constitución
Política en sus artículos 35 y 36, sin embargo debemos
considerar que en verdad todos los ciudadanos
comprometidos deben de participar en una forma o en
otra en las cuestiones públicas, en la vida misma del
estado, ya que al ser el pueblo la fuente de todo
poder, es quien debe encauzar y determinar el
gobierno.

Luego entonces encontramos que existe una
imposibilidad física para que se reúnan los ciudadanos
a discutir decisiones trascendentales del Estado, pero
por otra parte todo ciudadano debe intervenir en la
cosa pública. Estas dos ideas y realidades antagónicas
han tratado de ser conciliadas a través del sistema
representativo: El ciudadano participa en las
decisiones estatales por medio de sus representantes,
quienes construyen las normas jurídicas de la
comunidad, en esta forma se afirma que el poder
legislativo esta representada toda la nación.

En otras tiempos este sistema - El representativo - en
México de alguna manera nos obligaba a aceptar a
nuestros gobernantes sin cuestionarlos, ya que estas
creaban su legitimidad por otras vías.

En primer lugar manteniendo la paz cuando en la
memoria de mexicanos estaban frescas las Guerras
Civiles, en segunda, por que eran capaces de generar
el desarrolla económico cuando aun estaban presentes
los recuerdos de las crisis económicas.

Pero ahora tras las debilidades de nuestra sistema
político y económico posrevolucionario, y aún cuando
se pudiera volver a conseguir el crecimiento material,
ya existe la exigencia de que cualquiera que sea el
nuevo modelo de desarrollo a seguir este debe estar
validado por una mayor participación democrática.

Si esto no ocurre y mientras en México no existe la
apertura democrática e institucional que permitan
interpretar la voluntad popular de manera
transparente, el voto por si solo, no lograra cumplir
su propósito fundamental: permitir la participación y
el compromiso de los ciudadanos con destino político y
económico de la nación.

La Historia de la Administración Pública en México nos
ha legado amargas experiencias en las que demuestra
que nuestro sistema representativo ha puesto también
en entredicho la escasa moralidad de los
representantes en el ejercicio de la delicada función
que les ha conferido el pueblo. Por ello es necesario
idear un nueva sistema que limite a la representación
mediante la introducción de figuras de participación
popular como el REFERENDUM y el PLEBISCITO.

EL REFERENDUM es una institución republicana y
democrática por el cual el cuerpo electoral o el
conjunto de ciudadanos con derecho a voto, aprueba o
desaprueba ciertas decisiones de los órganos
legislativos del Estado, y puede ser POPULAR U
OBLIGATORIO si tiene como objeto la modificación de la
Constitución o bien FACULTATIVO Y LEGISLATIVO cuando
tiene como objeto la validez de una norma jurídica.

La realización del Referéndum en México es factible y
podría ser llevada a cabo por un órgano colegiado del
Congreso, COMO es la COMISION PERMANENTE ( Art. 78
Const. ), es decir, que entre la BASE de la SANCION y
la PUBLICACION de la ley, dicho órgano colegiado
deberá convocar a la celebración del Referéndum sobre
aquellas disposiciones emanan del Congreso, y en
especial cuando estas versen sobre:

Art. 73 Const. Fracc. III, V, VIII, X, XXIX-D
Art. 74 Cont. Fracc. IV.
Art. 76 Fracc. I y VI.
Art. 123 Apartado "A"
Art. 130 Const.
Art. 3 Const. Fracc. VIII.
Art. 4 Const. Párrafo Tercero.
La Comisión Permanente integrada de manera equitativa
por diputados y senadores que habrán de ser rotativos
para no afectar los recesos del Congreso en general,
es decir, que para cada uno de los casos señalados se
tendrá que convocar a una nueva comisión que
consultará con el pueblo sobre la conveniencia a
inconveniencia de la ley.

La figura democrática del Referéndum se aplica en
Chihuahua, para que los ciudadanos manifiesten su
aprobación a desaprobación con respecto a leyes,
reglamentos municipales o reformas a adiciones a la
Constitución Política del Estado, V puede ser total a
parcial cuando se objete por completar el ordenamiento
correspondiente.

Será parcial cuando se objete solo una parte del total
del articulado mismo. La solicitud para promover el
Referéndum deberá presentarse dentro de los 45 días
naturales posteriores a la publicación del
ordenamiento objetado ante el Tribunal Estatal de
Elecciones, precisando la ley, el reglamento municipal
o la reforma o adición a la Constitución del Estado
que se objete o, en su caso, el o los artículos
objetados debidamente individualizados.

EL PLEBISCITO es una institución republicana y
democrática que consiste en la consulta directa al
cuerpo electoral sobre un acto Político de naturaleza
gubernamental susceptible de tomar forma jurídica.

Considerando como principio cardinal del
republicanismo el hecho de la responsabilidad,
traducido en la potestad de aquellos que ejercen
funciones de gobierno de responder por sus actos
oficiales ante el pueblo que los eligió, se considera
luego entonces al Plebiscito como la institución que
permite que la acción gubernativa quede abierta a la
fiscalización popular y pueda la sociedad ejercer
control sobre sus gobernantes.

El Poder Ejecutivo en México presenta bajo el régimen
presidencialista una organización autocrática, al
estar dotado de gran plenitud de poder por nuestra
Constitución ( Art. 89 Const. ) así, como de manera
efectiva al ejercer como jefe de estado, notable
influencia en el Poder Legislativo colocándose por
ende como órgano supremo de poder en la federación.

El Plebiscito en México puede tener aplicación
practica para los actos políticas y jurídicos del
Ejecutivo, y en especial: Cuando el Presidente de la
República presente su informe por escrita y la lectura
en la apertura de sesiones ordinarias del primer
periodo del Congreso de la Unión para manifestar el
Estado general que guarda la Administración Pública
del país, es decir, cumplida esta obligación
constitucional, a partir del día siguiente del
informe, el Poder Judicial de la Federación, a través
del Tribunal Electoral Federal deberá convocar en
coordinación con el Instituto Federal Electoral a la
celebración de un Plebiscito en el termina de 15 días,
para que otorgue el pueblo una sanción aprobatoria o
negatoria sobre la actuación del Ejecutivo Federal.

Mediante la sanción probatoria, el pueblo legitima la
administración del Presidente de la Republicana, de lo
contrario; el Presidente como servidor publico será
responsable de los actos u omisiones en que incurra en
el desempeño de sus respectivas funciones.


Como segundo punto menciono la activación de la Ley de
Transparencia y Derecho a la Información. Es necesario
poder pedir cuentas claras a todas las instancias de
gobierno Municipal, Estatal y Federal; especialmente
cuando se trata de mal uso de los presupuestos y
corrupción. Un ejemplo actual lo estamos viendo en el
Estado de México, donde la ciudadanía está exigiendo
al actual gobernador presente las declaraciones
patrimoniales de "la Rata Montiel". Todos sabemos que
el continuismo del PRI en el Estado de México esta
cubriendo las espaldas de Montiel, el nuevo gober
ahora declara que la Ley de Transparencia y Derecho a
la Información es inoperante y pretende darle la
espalda.

Ustedes pueden consultar el siguiente sitio, donde se
puede solicitar información en Guanajuato, utilizando
los formatos correspondientes.

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/portal

Como tercer y último punto. Por separado he enviado al
Blog de la Fragua Va un documento en PDF que es una
herramienta para medir la corrupción y la
gobernabilidad en Latinoamerica. Es muy importante
conocerlo y poder organizar un Foro de Discusión sobre
la viabilidad de esta herramienta y cómo ponerla en
práctica.

Espero que con esta contribución podamos poner en la
Agenda de acciones la educación cívica y capacitación,
con el fin de tener bases sólidas en nuestro
movimiento ciudadano.

IRMA ROSADO
irma_ross@yahoo.com

Cell. (415) 109 6987
US (407) 574-8273
Remueven de sus cargos al menos a treinta elementos de la PGJE
Por: Claudia Padilla, Lunes, 16 de Octubre de 2006
Hay entre ellos dos subprocuradores de Justicia, cinco jefes de zona y varios agentes del Ministerio Público
El Correo de Guanajuato
GUANAJUATO

Por falta de resultados al menos 30 personas fueron removidas de sus cargos dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre ellos dos subprocuradores de justicia, cinco jefes de zona y varios agentes del Ministerio Público.

De los 30 trabajadores de la PGJE que serán removidos, 15 de ellos ascenderán de puestos y el otro tanto bajarán de nivel, sin embargo, faltan aquellos funcionarios que fueron despedidos y de los que todavía se desconocen las cifras.

Las subprocuradurías de Justicia de la Región A y D, son sede en León y San Miguel de Allende contarán desde este lunes con nuevos encargados, ya que los titulares de dichas dependencias, Manuel Ángel Hernández Hernández y Pablo González Sierra, dejaron su cargo.

Según la información proporcionada por fuentes allegadas a la investigación Hernández Hernández, dejó su puesto supuestamente porque ya tenía 30 años de servidor público y decidió jubilarse, sin embargo, trascendió que el ex subprocurador de Justicia de la Región A, también tuvo una negociación en la que le ofertaban bajar de rango.

En el caso de Pablo González Sierra, se dio a conocer que efectivamente dejó la titularidad de la Región D, pero hasta el momento se desconoce si fue despedido u ocupará un puesto de menor nivel, inclusive se presume que podría estar a cargo de una agencia del Ministerio Público.

Sin embargo, fuentes allegadas a la corporación mencionaron que no sólo los titulares de estos dos municipios fueron removidos de sus cargos, sino que también jefes de Zona y agentes del Ministerio Público de las cuatro Subprocuradurías del Estado.

EVALÚAN RESULTADOS

Aún cuando no se ha dado a conocer de manera oficial, el pasado viernes por la noche se llevó a cabo una "reunión privada" encabezada por el titular de la PGJE, Daniel Federico Chowell Arenas, y autoridades estatales, misma en que no sólo se dio a conocer las bajas que existirían en esta dependencia sino también las personas que subieron de puesto y aquellas que "no dieron resultados".

CAMBIOS EN LEÓN
Por ejemplo en el municipio de León, que comprende la Subprocuraduría de Justicia de la Región A, Manuel Ángel Hernández Hernández, quien tenía aproximadamente 10 años como responsable, dejó su puesto y en su lugar quedó Carlos Alfredo Vidaña Valero, que ocupaba la Dirección de Averiguaciones Previas en la Subprocuraduría de la Región C, con sede en Celaya.

Además informaron que los encargados de la jefaturas de zona, Martín Evaristo Gómez silva, Rodolfo Navarro Elias y Arón Castro Sánchez, también serán removidos pero aún no se sabe quien ocupará su lugar, solo se estableció que los que estarán al frente son agentes del Ministerio Público especializados en el robo de vehículo.

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Este mismo viernes también fue notificado el subprocurador de la Región, Pablo González Sierra, que ya no estaría al frente de la corporación y que en su lugar Ricardo Rodríguez Zavala, quien se encontraba al frente de la Coordinación de Asuntos de Adolescentes.

Aún cuando sólo se dio a conocer el despido de González Sierra, también se supo que la jefa de Zona de Guanajuato, Carmen Alicia Alvarado ocupará otro puesto.

EN CELAYA

Pero no sólo en el municipio de León y San Miguel de Allende se dieron bajas, ascensos, y cambios de puestos sino también en la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, en el caso más relevante está que el jefe de Averiguaciones Previas, Carlos Alfredo Vidaña Valero, ocupará la titularidad en León.

Pero en su lugar quedará Miguel Ángel Villegas Palomino, quien estaba encargado de la Jefatura de Zona VII, y quien ya llevaba más de cuatro años dentro de región de Celaya.

Aún no se sabe quién estará en su lugar. Por otra parte uno de los despidos fue el del también jefe de Zona VIII, Javier Gasca Laguna, quien laboró hasta este domingo, cuando se enteró de que no pertenecería más a la Subprocuraduría, aún se desconoce quien ocuparía este cargo.

Sin embargo, también se dio a conocer que algunos agentes del Ministerio Público fueron despedidos, aunque será este lunes cuando se den a conocer los nombres de los que llegarán a Celaya.

EN IRAPUATO

También trascendió que existieron cambios en la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, con sede en Irapuato, donde el director de Averiguaciones previas Joel Romo Lozano, fue sustituido por Silverio Muñiz Ramos, un agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Apaseo el Grande.

La fuente consultada por Correo aseguró que será hasta hoy cuando los "cambios" dentro de la PGJE se den a conocer de manera oficial por el procurador general de Justicia del Estado, Daniel Federico Chowell Arenas.

Agregó que la mayoría de las personas que fueron destituidas de su cargo aún desconocen los motivos de su despido, únicamente les dijeron que era para un "mejor rendimiento dentro de la corporación".

Asegura que Fox autorizará de manera ilegal la siembra de granos transgénicos
El Presidente "sentenció a muerte al maíz mexicano", señala Greenpeace
MARIANA NORANDI
La Jornada


El presidente Vicente Fox autorizará entre hoy y mañana a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences la siembra de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, denunció la organización ambientalista internacional Greenpeace, que definió la decisión presidencial de "sentencia de muerte al maíz mexicano".

Estos permisos, explica Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de transgénicos y agricultura sustentable de Greenpeace, son ilegales.

"Por un lado, no están definidos los centros de origen y diversidad del maíz, que eso remite a los artículos 86 y 87 de la Ley de Bioseguridad y, por otro, no se ha creado el régimen especial de protección al maíz que está contemplado en el artículo 2, fracción 22, de la ley. Asimismo tenemos información de abogados que aseguran que entre Sagarpa y Semarnat existen desacuerdos sobre la legalidad de las siembras de maíz transgénico."

La organización ambientalista aseguró que con el fin de garantizar estas siembras, la semana pasada estuvo en México el presidente de Monsanto, Jerry Steiner, quien vino a "supervisar" que se den estas aprobaciones antes que concluya el sexenio.

Ampugnani aseguró que las autorizaciones responden "a la necesidad de Vicente Fox de pagar todos los apoyos recibidos durante su sexenio. Antes de que éste acabe quiere allanar el camino a estas empresas para que empiecen a comercializar su tecnología en la próxima administración. Es lamentable que un presidente que llegó al gobierno con tanta legitimidad y apoyo popular concluya su labor dándole el tiro de gracia al cultivo más importante y, de paso, dándole la espalda al sector campesino que creyó en él".

Los ecologistas enviaron ayer a diversas dependencias una carta en la que advierten que, al no haber acuerdos intersecretariales, las autoridades deben rechazar las solicitudes de siembra de las empresas privadas.

En caso de que los permisos no se apeguen a la ley, anunció Greenpeace, se agotarán todas las vías legales para frenar lo que representaría "la sentencia de muerte del maíz criollo y el inicio de la privatización del grano más importante del país".

Ampugnani aseguró que la batalla contra las siembras del maíz transgénico no está perdida mientras no se agoten los recursos legales, pero, en caso de que las autorizaciones no se detengan, será cuestión de tiempo el que las semillas genéticamente modificadas alcancen escalas comerciales de alto nivel.

El grano transgénico contaminará al autóctono, en un proceso que nadie podrá controlar, añadió.

La organización teme que, igual que ocurrió con el algodón transgénico, la siembra del maíz modificado no sólo se extienda por todo el país, sino que las variedades genéticas del grano pasen a manos privadas de grandes trasnacionales.

Agregó que el Estado mexicano carece de capacidad para monitorear las liberaciones transgénicas en el medio ambiente, porque no cuenta con la infraestructura necesaria ni con voluntad política. Por lo tanto, la autorización apunta hacia el beneficio de la iniciativa privada aunque con ella se pase por encima de los intereses públicos, sociales, culturales y medioambientales.
Calderón dará $41 mil 670 millones a maestros, afirma
Amenaza Gordillo con desconocer a la sección 22
Una comisión emitirá dictamen en un mes, anuncia
Tras reunión a puerta cerrada, difunde otros "acuerdos"
KARINA AVILES
La Jornada
La profesora Elba Esther Gordillo amenazó con desconocer y crear una nueva sección 22 en Oaxaca después de una investigación -cuyo dictamen estará listo en un mes- por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ella preside. Reveló que, antes de asumir la Presidencia de la República, Felipe Calderón ya "dispuso" de 41 mil 670 millones de pesos para esa organización sindical.

"¡Es un hecho histórico! Es un acto del que debemos de tener gratitud, del que vamos a tener gratitud, no lo vamos a negar", expresó. Sin embargo, tomó sus precauciones por si el dinero prometido -comparable al presupuesto de "seguridad nacional", según dijo ella misma- no llega en tiempo y forma. Y volvió a amenazar: "Si no logramos que el 1º de enero esté totalmente planchadita la forma de cómo, cuándo, montos y todo, que nadie se espante de que entonces los maestros actuemos, la organización sindical actúe en razón de que (los del gobierno) cumplan su palabra, que además está firmada".

Al deslindar al SNTE y adjudicarle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la procedencia política de los maestros oaxaqueños, Gordillo difundió siete acuerdos tomados en su vigésimo Consejo Nacional Extraordinario, celebrado a puerta cerrada, como acostumbra este sindicato.

Entre dichos resolutivos destacó la creación de una comisión investigadora que comenzó a trabajar desde ayer en la elaboración de un dictamen para "revisar" si se desconoce a la sección 22 de Oaxaca y se reconoce a otro grupo denominado "Consejo Central de Lucha (CCL)". Este último, formado por 15 mil maestros, según Gordillo, le solicitó la formación de una "nueva sección".

Gordillo, quien operó con gobernadores de su ex partido, el PRI, para favorecer a Felipe Calderón en los pasados comicios presidenciales, presumió de otro acuerdo logrado con el poder: 41 mil 670 millones de pesos para la compensación salarial -conocida con las siglas CPC- que dará el gobierno al SNTE en un periodo "no mayor de seis a siete años".

El SNTE "autorizó" a Gobernación

En conferencia de prensa de más de dos horas en un hotel de Polanco, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE salpicó hacia varios frentes. Afirmó que cuando el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, hizo la oferta económica al magisterio de la sección 22, es porque el SNTE ya había "hecho una negociación" y el sindicato accedió a que de los 41 mil 670 millones de pesos, se entregaran al magisterio oaxaqueño mil millones.

Aseguró que "el CEN (del SNTE) autorizó a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofertara a Oaxaca la solución gradual del problema del CPC (compensación provisional compactada) de seis a siete años. Ellos (la sección 22) la rechazaron y nosotros la hemos aceptado", porque es una demanda "de mucho tiempo atrás".

Así, confesó: "Imagínense un gobierno que antes de tomar posesión ha dispuesto de 41 mil millones de pesos y el gobierno actual es el que se pone a revisarlo. ¡Es un hecho histórico!"

Antes, con el objetivo de "legitimar" la pretensión de desconocer a la sección 22, pidió a un acompañante, "el profesor Aréchiga", que leyera un documento -que no entregó a los medios para "no poner en riesgo la vida" de los firmantes- según el cual un grupo "amplio" de profesores le solicitaron el reconocimiento de una nueva sección. "Presta" para dar respuesta a sus agremiados, el sindicato resolvió formar una comisión -integrada por Moisés Jiménez Sánchez, Carlos Ariel Moreira, Oscar Manuel Madero, Luis Manuel Hernández, Marco Vinicio Flores, José Natividad Calixto Díaz, Fernando García Meraz, José Luis Gómez y Enrique Meléndez Pérez- que dictaminará a más tardar en un mes.

Afirmó que de inmediato se buscará comunicación con Enrique Rueda, el dirigente de la sección 22, para "dialogar" y los miembros de esta comisión trabajarán en un "territorio neutral", aunque tampoco descartó que sus investigaciones puedan realizarse en Oaxaca. Según Gordillo, lo que no quiere es "calentar más la caldera sino enfriarla".

En un lapsus, aseguró que ella no está por la salida o no de "Tomás Ruiz" -de inmediato corrió al aclarar que él es de los suyos-, ya que la caída del gobernador Ulises Ruiz compete a las instancias legales. Sin embargo, manifestó que hay muchos ex mandatarios locales que tienen responsabilidad en este conflicto: "¿No Diódoro Carrasco les dio las finanzas?"

Expresó que "siempre" contribuirá a que Calderón tenga el "mayor de los éxitos" y, de paso, aseguró que "no está en riesgo en lo más mínimo" la presidencia del panista.

Gordillo, quien dijo no ser "chambista" ni tampoco un medio para buscar "chambas" -en relación con las versiones de que impondrá al nuevo titular de la SEP- apuntó que solicitará una entrevista con Calderón para entregar la propuesta educativa que emane del Congreso Nacional de Educación del SNTE, del 24 al 26 de este mes. También, invitará al presidente Fox para que inaugure ese encuentro.

Otro de sus "acuerdos" fue nombrar una comisión para evaluar los resultados del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa que, reconoció, "no necesariamente nos ha llevado a la calidad, sino a algún margen de simulación". Además, se resolvió dar una prórroga para que una vez que pase el citado congreso, el consejo del sindicato discuta el posible relevo de Rafael Ochoa en la secretaría general, en función de sus tareas como senador. También "se acordó la elección de la sección novena", en el Distrito Federal.
Aventaja en Tabasco el PRI; impugnará PRD
Jorge Teherán, Alberto Morales y Roberto Barboza
El Universal
Lunes 16 de octubre de 2006


Entre denuncias de partidos por detenciones ilegales y "secuestros" de militantes, quema de urnas y conatos de violencia, más de un millón de tabasqueños acudieron a las urnas para elegir gobernador

00:00 VILLAHERMOSA, Tab.- Entre denuncias de partidos por detenciones ilegales y "secuestros" de militantes, quema de urnas y conatos de violencia, más de un millón de tabasqueños acudieron a las urnas para elegir gobernador, alcaldes y diputados.

Andrés Granier Melo, candidato del PRI a la gubernatura, se proclamó vencedor de la contienda, con base en encuestas de salida que le daban entre 11 y 16 puntos de ventaja.

Su principal contrincante César Raúl Ojeda Zubieta, de la coalición Por el Bien de Todos, desconoció las encuestas y adelantó que recurrirá al Tribunal Electoral para impugnar.

Granier aseguró que estará atento a los resultados oficiales del conteo preliminar y habrá de respetarlos.

"A estos resultados y a lo que determine la autoridad electoral me atendré", dijo el priísta.

Granier llamó a su principal adversario a respetar la voluntad expresada en las urnas y unir a Tabasco.

Ojeda Zubieta denunció por su parte que hay una intención de "avasallarnos con encuestas de salida que prefabrican una supuesta ventaja insuperable en favor del PRI".

"Estamos ciertos que la autoridad electoral nos dará la razón", agregó.

Al cierre de la edición, el Programa de Resultados Electorales Preliminares reportaba un conteo de 65.91% de las 2 mil 426 casillas. El PRI llevaba la delantera con 53.64% y la coalición Por el Bien de Todos 42.76%.

Asimismo, recuperaría la mayoría en el Congreso local.

Según esas cifras, el PRI lleva la delantera en 11 de los 17 municipios; el PRD sólo en seis alcaldías, cuando hace tres años el perredismo ganó 11.

Uno de los hechos de violencia ocurrió en Macuspana, donde el líder del PRI acusó a la policía de golpear a 20 militantes en Los Ateos y destruyó una camioneta particular.

En Villahermosa se denunció la detención de la diputada del PRD en el DF, Nancy Cárdenas, tras una riña entre priístas y perredistas.

El PRI acusó que la radiodifusora "Conexión 90.9" amedrentó a la población para que no acudiera a votar.

También denunció que la ciudadana Guadalupe Villegas fue obligada a mostrar una bolsa de mano donde presuntamente llevaba dinero para comprar votos.

En la colonia Casa Blanca, perredistas aseguraron que una urna había sido quemada por priístas.