Miguel Ángel Granados Chapa
Sindicato minero

Mañana hará un año que el secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar, ahora miembro del Comité Nacional del PAN, desató una grave crisis en el gremialismo minero a partir de un endeble escrito, uno de cuyos firmantes niega haberlo hecho y denuncia falsificación de su firma

Mañana hará un año de que el secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar desencadenó una crisis en el sindicato y la industria minera, al pretender deponer a Napoleón Gómez Urrutia como líder de la organización gremial e imponer en su lugar a Elías Morales, que había sido expulsado de esa agrupación.

Ésa y otras muchas acciones contra la autonomía sindical han sido realizadas o avaladas por el gobierno panista, no sólo el encabezado por Vicente Fox, sino también por el actual. Ya es mucho que Salazar, responsable directo de los problemas en el sector minero, haya sido incorporado al Comité Nacional panista (junto con Carlos Abascal y Luis Ernesto Derbez) como ¡secretario de Acción de Gobierno!, sino que la Procuraduría General de la República ha continuado la estrategia de deturpar a Gómez Urrutia dando por hechos supuestos o trámites en curso. Su más reciente aportación al embate contra Gómez Urrutia lo comprueba: ha dicho haber solicitado la extradición del dirigente, que se halla en Vancouver, y cuando se enfrenta al desmentido de la embajada de Canadá, pretende aclarar que lo pedido fue la detención provisional del dirigente minero presuntamente depuesto. Ni lo uno ni lo otro, ha insistido todavía el martes pasado el embajador Gaëtan Lavertu, quien informa que Gómez Urrutia se encuentra en aquel país como turista, con plena libertad de desplazamiento, puesto que su gobierno no ha recibido requerimiento alguno en torno del ex director de la Casa de Moneda.

El 17 de febrero de 2006, a escondidas, la Secretaría del Trabajo tomó nota de un presunto nuevo liderazgo en el sindicato minero. Miembros del consejo de vigilancia notificaron en un papel simple que Gómez Urrutia había sido destituido y nombrado en su lugar Morales. Ese mismo día, con celeridad insólita en ese género de diligencias, se tomó nota de lo informado, es decir se formalizó la sustitución de líderes. En esa misma fecha, un extraño asalto al domicilio social del sindicato, cuyos líderes estaban ajenos a la maniobra urdida en la Secretaría, pareció resultado de la posición de Gómez Urrutia en la sucesión en el Congreso del Trabajo. Sólo mucho después se comprendería que acaso se intentó tomar la sede sindical para completar el pretendido despojo de la autoridad en el gremio.

Esos acontecimientos no trascendieron, o fueron escasamente atendidos porque ocurrieron en viernes, y el domingo 19 se produjo la gran tragedia en una mina de carbón en Pasta de Conchos, propiedad del Grupo minero México, que no sólo era y es contraparte laboral del sindicato sino enemigo político de Gómez Urrutia, probable impulsor de la temeraria decisión de Salazar de desplazarlo de la dirección sindical. A pesar de la gravedad humana y laboral del acontecimiento en el que perdieron la vida 65 personas, cuyos cuerpos, con sólo una excepción, desde entonces permanecen atrapados en las ruinas de un estallido culposo, la tensión prevaleciente en aquel poblado de Coahuila fue el telón de fondo en que autoridades y empresa dieron a conocer el presunto reemplazo de Gómez Urrutia.

Desde entonces, y formalmente dos veces, en mayo y en diciembre pasado, Juan Luis Zúñiga, uno de los miembros del consejo de vigilancia que habrían acudido a la Secretaría del Trabajo para impulsar a Morales, negó haberlo hecho. Ha presentado denuncia ante la Procuraduría General de la República sobre la falsificación de su firma. De establecerse que su dicho es verdad se desharía la trama contra Gómez Urrutia. Un dictamen pericial ofrecido por el sindicato prueba la falsificación, pero la Procuraduría General de la República ha sido especialmente lenta en practicar o en dar a conocer su propio dictamen. Esa demora forma parte del papel atribuido a la PGR en esta maniobra contra Gómez Urrutia, que el año pasado se empecinó en filtrar datos contenidos en expedientes de averiguación previa. De ese modo el Ministerio Público federal, cuyo jefe el año pasado es ahora de nuevo consejero jurídico de la Presidencia, ha suplido con estrépito mediático su incapacidad para organizar una acusación que fuera atendible por la justicia federal. Sólo han prosperado acusaciones en el fuero común (en el Distrito Federal, Sonora y San Luis Potosí) que serían la base para solicitar la captura y extradición de Gómez Urrutia, extremo al que el gobierno federal debe llegar con cuidado porque se expone a que el de Ottawa rehúse detener al dirigente acogido allá por el sindicalismo canadiense, si la acusación no se sustenta en evidencias rigurosas.

No obstante los intentos de sustituir en los hechos a la dirección encabezada por Gómez Urrutia, esfuerzos que sólo han conseguido dividir al sindicato, todavía algunas de las principales empresas del sector han renovado sus contratos (febrero es la época de las revisiones) con comités locales apegados al liderazgo de quien se halla en Canadá. Por eso pueden plantear un paro para el próximo lunes como nueva medida de apremio al gobierno federal para que ponga fin a la peligrosa farsa montada por Salazar. Así ha ocurrido por ejemplo en Sicartsa, cuyos antiguos propietarios vendieron la siderúrgica al grupo indio Mittal. Antes de vender, los integrantes del grupo Villacero, contrarios a Gómez Urrutia, enfrentaron una prolongada suspensión laboral que la fuerza pública pretendió romper, con saldo de dos personas muertas.

Ése y otros acontecimientos violentos forman parte del saldo rojo generado por el hoy secretario de Acción de Gobierno del PAN.

Cajón de Sastre
No tiene límite la terquedad de la Secretaría de Gobernación en apoyo de la censura dictada por su director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Después de impedir durante semanas la emisión de un programa del PRD, que es parte indeclinable de sus prerrogativas, con base en especiosos razonamientos jurídicos, al fin dispuso la puesta al aire de la emisión censurada, en sus versiones para radio y televisión. Se anunció que sería transmitido el miércoles 14 a las 22:00 horas por el Canal 11. Hacerlo hubiera convenido a los propósitos silenciadores de RTC, pues la atención pública recaía en partidos de futbol. Pero la transmisión no se realizó. Ante la protesta de algunos televidentes frustrados, se ha informado que si bien no apareció a las 22:00 horas sí se presentó a las 0:30 del jueves, al concluir la emisión de medianoche del noticiario de Adriana Pérez Cañedo. Salvo que hubiera yo padecido un prolongado pestañeo, aseguro que después de las noticias de inmediato se inició la cinta Betty Fisher y otras historias.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com