sábado, octubre 14, 2006

No existe ingobernabilidad en el estado, asegura Oliva
El Ejecutivo estatal señaló que de acuerdo a los reportes de Gerardo Mosqueda, “todo marcha bien” en Guanajuato

Martín Diego / Martín Fuentes
GUANAJUATO / LEÓN
El Correo de Guanajuato
No obstante que se han presentado conflictos derivados de los cambios de administración en algunos de los ayuntamientos de Guanajuato, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, rechazó que pudieran agravarse dichas situaciones, incluso, manifestó que el responsable de la política interna en la entidad (el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez) está trabajando "y por eso tengo los reportes" de que todo marcha bien.
Esta mañana y luego de inaugurar la segunda exposición que organiza el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) en León, Oliva Ramírez aseguró que los conflictos locales que se ubicaron en algunos municipios tras la toma de protesta, fueron atendidos.
"Tengo el reporte del secretario de Gobierno que están atendiendo los llamados de los presidentes municipales" y dijo que todavía por la mañana, se encontraban negociadores de dicha dependencia en algunos municipios como Pueblo Nuevo donde todavía hasta el jueves no se ponía en funcionamiento ninguna área de gobierno.
"Ahorita hay gente en Pueblo Nuevo, ayer tuvimos información de que se hizo el trámite de entrega recepción, que no se había hecho y hoy están funcionando las dependencias en el municipio", refirió el mandatario.
Apuntó que en el tema de los empleados municipales también era atendido ya por la Secretaría de Gobierno "estamos en ese tema de los empleados que, en primera instancia, tienen el escenario de ser relevados de su cargo y que exigen que se les pague conforme a derecho, en lo cual estamos de a cuerdo que así debe de ser, y están en pláticas con los alcaldes para llegar a un acuerdo al respecto".
Tras cuestionarle si algunas demarcaciones se encontraban aún en conflicto en temas que tienen que ver con la designación de contralores donde, como el caso de Valle se ha señalado una violación a la ley, el mandatario estatal refirió que "hay algunos puntos de vista divergentes pero están funcionando".
Finalmente, avaló el trabajo de José Gerardo Mosqueda Martínez, su secretario de Gobierno de quien dijo, "claro que sí está trabajando, y por eso tengo los reportes".
La ausencia de Mosqueda
Ante los conflictos en una decena de municipios después de entrar en funciones el martes pasado los nuevos Ayuntamientos, el secretario de Gobierno del Estado, Gerardo Mosqueda, ha optado por guardar silencio, por no hacer declaraciones públicas sobre esos problemas.
Aunque hasta ayer seguía el desorden en Pueblo Nuevo, donde habían sido despedidos 158 empleados y se mantenían suspendidos algunos servicios públicos, y en el Ayuntamiento de Valle de Santiago los regidores perredistas insistían en reclamar su derecho a proponer la terna de candidatos a la Contraloría, fueron más los municipios que se vieron envueltos en contrariedades antes y después del 10 de octubre.
Algunos de los casos más representativos son, por ejemplo, el de Xichú, donde el panista Perfecto González tuvo que rendir protesta al cargo a las dos de la madrugada del martes en la Casa de Visitas porque los priístas inconformes con una resolución del Tribunal Federal Electoral (Trife) que revocó el triunfo a Enrique Landaverde, mantenían tomada la alcaldía, y fue el propio partido Acción Nacional (PAN) el que intervino para destrabar el problema.
Ese día, el presidente del Comité Directivo Estatal de ese instituto político, Fernando Torres Graciano, comentó que el secretario general del CDE, Vicente Esqueda, había estado en ese municipio y que ya se había ofrecido a los inconformes la Oficialía Mayor, aunque finalmente fue una dependencia de mayor peso la que apaciguó los ánimos, la Dirección de Desarrollo Social.
Eso relajó el ambiente y comenzó la retirada de 120 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de 30 de la Policía Ministerial del Estado (PME), enviados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los primeros y por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los otros.
En Pueblo Nuevo, Celaya, Irapuato y Comonfort también se escenificaron enfrentamientos entre regidores y militantes priistas, donde no consiguieron ponerse de acuerdo en las ternas de candidatos a la Contraloría, a lo que tienen derecho como primera minoría en esos Ayuntamientos, cargo que también fue motivo de jaloneos en Jaral del Progreso y Silao pero en estos casos porque rechazaron a los propuestos por el PRI para desempeñar esa función.
San Diego de la Unión tampoco escapó a enfrentamientos tras el cambio de Ayuntamiento porque los regidores del PRI, apoyados por los del PAN, decidieron también que la coalición "Por el bien de todos" no tenía derecho a presentar la terna de candidatos a la Contraloría, por lo que en este caso también se amenazó con iniciar un litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Desde que iniciaron esos problemas en los que se han inmiscuido militantes de las tres fuerzas políticas con más presencia en la entidad, el responsable de garantizar la gobernabilidad ha evitado hacer declaraciones para informar en qué ha consistido exactamente la intervención de personal de esa dependencia.

Por buen camino
"Tengo el reporte del secretario de Gobierno que están atendiendo los llamados de los presidentes municipales...
ayer tuvimos información de que se hizo el trámite de entrega recepción en Pueblo Nuevo que no se había hecho y hoy están funcionando las dependencias en el municipio”.
Juan Manuel Oliva
gobernador de guanajuato

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