Secretaría de Gobierno, impasible ante los conflictos en municipios
Por: Rosa Balderas, Lunes, 23 de Octubre de 2006
GUANAJUATO
El Correo de Guanajuato

El 28 de septiembre, apenas a dos días de haber tomado las riendas del poder la nueva administración sexenal, el secretario de gobierno Gerardo Mosqueda, declaraba, cuestionado sobre la gobernabilidad, que había encontrado un estado en paz y con tranquilidad "gracias a Dios".

Pero apenas dos semanas después, con la toma de protesta de las nuevas alcaldías, la tranquilidad del estado se fue a pique, no obstante Mosqueda Martínez insiste que no hay problemas y que "desde el 10 de octubre se está trabajando sin ningún problema en todas las administraciones" municipales.

Sin embargo, la realidad desmiente al funcionario, pues desde la toma de protesta hubo hechos que debieron alertar a quien está obligado a resguardar la gobernabilidad y la paz en el estado y, el primer conflicto en despuntar, incluso con anuncio de por medio, fue Xichú, con la inconformidad de los militantes priistas que, ya con acta de mayoría entregada, tuvieron que ceder el poder al PAN luego del litigio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Por su parte el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, apenas el pasado viernes 13 minimizó los problemas que se han suscitado por la entrega de algunos gobiernos municipales y además avaló el trabajo del secretario de Gobierno, José Gerardo Mosqueda Martínez.

Aunado a esta problemática, el descuido gubernamental lastimó a los partidos políticos de oposición, ya que el líder estatal del PRD, José Luis Barbosa Hernández y la diputada local priista, Bárbara Botello Santibáñez, lamentaron en declaraciones por separado, la displicencia del secretario de gobierno, más aún porque los conflictos fueron resultado de imposiciones de gobiernos municipales emanados del PAN al momento de la designación de contralores municipales, toda vez que este cargo debe ser a propuesta de la primera minoría, en ambos casos, del PRI y PRD.

Concretamente Botello Santibáñez declaró que al secretario de gobierno "le ha faltado operatividad política".

LOS CONFLICTOS

El primer asunto en brincar, fue en el municipio de Xichú, cuyas nuevas autoridades encabezadas por el panista Perfecto González, incluso tuvieron que rendir protesta en la madrugada, en una sede alterna al Ayuntamiento, porque un grupo de priistas tomaron el palacio municipal con la exigencia de desaparición de poderes El sitio duró 16 horas hasta que se negoció la retirada de los inconformes a cambio de ceder al PRI la Dirección de Desarrollo Social.

Tras la toma del edificio, se instalaron un día en Xichú 120 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y 30 de la Policía Ministerial del Estado.

Asimismo, de regreso en la alcaldía luego de ser dos veces alcalde, alternando sólo con su esposa y el pasado trienio con un priista; el panista José Durán González llegó "corriendo" a todos los empleados del Ayuntamiento en Pueblo Nuevo y, de hecho, la entrega-recepción no empezó sino hasta el 12 de octubre, siendo despedidos 163 empleados.

Según el alcalde José Durán, para el 13 de octubre "la mayoría" de los 163 empleados municipales ya habían sido liquidados gracias a un cheque que emitió la Tesorería (antes del 10 de octubre) por un millón 206 mil 799.99 pesos; sin embargo, Leonardo Solórzano, ex alcalde, aseguró que él sólo había liquidado a cinco personas que habían renunciado y, a la fecha, 8 ex trabajadores ya presentaron una denuncia en el TCA por despido injustificado.

Así, aunque para el 14 de octubre ya habían sido nombrados todos los directores de área, aún no se normalizaba la prestación de los servicios y, hasta el viernes pasado seguían sin funcionar: la Casa de la Cultura y dos consultorios del DIF.

SIGUEN LOS DESPIDOS Y ANOMALÍAS

De igual manera, en Santiago Maravatío, el alcalde Gabriel Martínez Murillo, de la coalición PRD-PT y única que ganó dicha fuerza política, despidió a 106 de los 125 empleados que laboraban en la administración 2003-2006.

En octubre de 2003, el anterior alcalde despidió a 10 personas a las que tres años después aún se les debía un millón de pesos. Según Martínez Murillo, tanto estas 10 personas como las 106 que corrió serían liquidadas en su administración.

En San Miguel Allende, nuevamente en manos del PAN, apenas el 13 de octubre el director de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Daniel Trujillo García, denunció que encontró serias deficiencias en la corporación que dirigió Elías Drago en el anterior gobierno -también panista- entre ellas, no hay plan de trabajo, las patrullas están inservibles, hay acusaciones contra policías de tener vínculos con delincuentes.

En Huanímaro, en el Ayuntamiento que encabeza José Francisco Chávez González hay cinco regidores de oposición (PRI, PRD y PT) que se negaron a aceptar sus propuestas para los diferentes cargos y, el 10 de octubre impidieron el nombramiento de la mayoría de los titulares de área.

Al día siguiente se logró integrar el gabinete completo con el voto del PT, pero ediles del PRI y PRD manifestaron su descontento ante el nombramiento de varias personas no originarias de Huanímaro.

Asimismo en Salvatierra, cerca de 50 empleados de la alcaldía fueron despedidos en la víspera del cambio de gobierno y otros 20 empleados de primer nivel fueron despedidos tras la entrada del alcalde panista Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez.

DESIGNACIÓN DE CONTRALORES

Hasta ahora, por lo menos en 11 municipios ha habido problemas por la designación de los contralores, figura que, por ley Orgánica Municipal, debe ser nombrada a propuesta de la primera minoría y, aunque en algunos casos se han resuelto los conflictos, en otros siguen vigentes.

En la capital del estado, el Ayuntamiento -por primera vez panista- aprobó la designación de Ana María Alcántar Ibarra, quien era directora del DIF y estaba en la terna propuesta por el PRI junto con Carlos Torres Ramírez y Miriam Cabrera Morales.

Sin embargo, esta terna sólo la firmaron los regidores Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, José Luis Camacho Trejo Luna y Patricia Elain Sánchez Stevenson; no así su coordinador Jorge Luis Hernández Rivera quien prefería a Luis Alberto Cortés.

En Comonfort, el Ayuntamiento panista aprobó la designación de Holga Lidia Huerta Olguín, electa por mayoría calificada pues aunque al PRI le correspondió proponer la terna pero los regidores de este partido estaban divididos y propusieron un candidato cada uno.

A Holga Lidia la propuso su cuñado, el edil, Roberto Páramo, otra candidata era Nicolasa Tapia, propuesta por la regidora Olivia Rico y por su parte el edil Francisco Franco Díaz presentó como candidato a Enrique Tapia.

En Celaya, Entre amenazas de impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la separación de las oficinas de la fracción del PRI, el Ayuntamiento aprobó por mayoría nombrar como contralor al ex regidor y ex contralor Luis Alfonso Chaurand Arzate.

En sesión de Cabildo, el edil priista Francisco Javier Guiza Alday explotó en contra de su fracción y anunció su renuncia a la coordinación de los regidores de su partido así como una denuncia en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.

En Pueblo Nuevo los ediles desecharon la terna del PRI para el titular de la Contraloría tras cuestionar la honorabilidad y/o el origen no neopoblano de los tres candidatos.

Por su parte el Ayuntamiento de Silao debió nombrar un contralor pero al menos hasta el 11 no lo hizo. Gustavo Mendoza Calderón fue propuesto por la fracción del PRI pero no fue aceptado por el Cabildo ante los malos antecedentes que dejó como Jefe de Departamento B de la Contraloría en la anterior administración.

Uno de los conflictos que continúa hasta la fecha, es el que suscitó en el municipio de Valle de Santiago, donde la segunda fuerza es el PRD, pero el contralor que se designó, José María López Tamayo, fue propuesto por la segunda minoría -el PRI-.

Esto fue reprochado por la fracción del PRD, partido que obtuvo la primera minoría. Otros municipios que enfrentaron problemas por la designación de contralores son: San Diego de la Unión, Jaral del Progreso, Tierra Blanca y Tarimoro.