Reforma, 11 de octubre de 2006

Democracia brutal
Sergio Aguayo Quezada

El país también se divide entre las elites gobernantes
y los ciudadanos deseosos de participar en la vida
pública. Es una fractura tan profunda como la
brutalidad con la que se disputa el poder.

Los gobernantes autoritarios hacían lo posible por
alejar a la sociedad de las decisiones políticas. Eso
ya cambió en el discurso porque en la vida diaria se
mantienen intactos los obstáculos a la participación
social recordándonos la ingenuidad de quienes creíamos
que con la alternancia se abrirían los corredores del
poder. Las hadas cívicas nunca sustituyeron a las
brujas de la grilla hermética. Si una lección deja
este sexenio -con año electoral incluido- fue que
prevalecieron los intereses de quienes tuvieron mayor
sagacidad, recursos, mañas, fuerza... La razón fue lo
de menos.

Carlos Slim es súper-ultra-multi-millonario por su
inteligencia, y porque millones de consumidores
seguimos atrapados en esas prácticas monopólicas
toleradas por un gobierno doblado ante los grandes
intereses. Las televisoras obtuvieron una ley a su
medida extorsionando a senadores y políticos con
columna de plastilina. Elba Esther Gordillo se ciñó
los laureles de "Ganadora del 2006" gracias a los
enormes recursos de un sindicato magisterial que medra
con la ignorancia de nuestra infancia. Ulises Ruiz y
Mario Marín siguen gobernando Oaxaca y Puebla por las
alianzas entre los poderes fácticos. En síntesis, los
consumidores y los ciudadanos tenemos pocas
instituciones dispuestas a defendernos.

En el país impera una democracia del ¡sálvese quien
pueda!, y los individuos y grupos deseosos de influir
en los asuntos públicos encuentran bloqueadas las vías
de acceso. Revisemos brevemente las opciones a
disposición de los ciudadanos motivados. Mientras que
en otros países es posible organizar referéndums,
plebiscitos o iniciativas, en México es imposible
porque los partidos jamás legislaron sobre la materia
pese a haberlo prometido en repetidas ocasiones -en
esta ocasión el Partido de la Revolución Democrática
los incluyó en su agenda. En algunos de los 17 estados
donde existen leyes de participación ciudadana son
tantos los requisitos que resulta casi imposible
impulsar una iniciativa. En el panista Guanajuato se
exigen casi 100 mil firmas acompañadas de ¡fotocopias
de la credencial de elector por ambos lados!

Con frecuencia se mencionan los problemas para
establecer una empresa pero pocos mencionan los
obstáculos tras la creación de una asociación civil,
la forma legal más usada por la ciudadanía para
participar en política. De entrada está el absurdo
costo impuesto por los notarios, un monopolio con
permiso oficial que opera con total impunidad. Ya
legalizada vienen los trámites comunes a cualquier
empresa para luego enfrentarse a la supervivencia en
un país con escasa tradición filantrópica.

Las Agrupaciones Políticas Nacionales, reglamentadas
por la legislación electoral, tienen tal cantidad de
candados que son escasas las historias de éxito además
de haberse convertido en instrumento para la creación
de partidos (sólo pueden hacerse desde una APN).

El exceso de recursos públicos ha desquiciado la vida
interna de los partidos y su impulso primario se
orienta a cerrar los espacios y evitar competencias
sobre su monopolio de la vida pública. Las burocracias
se perpetúan a sí mismas y utilizan a los partidos
para acceder a cargos públicos generalmente bien
pagados. Ésta es la razón de fondo tras los requisitos
absurdos para la creación de nuevos partidos, sobre
todo si se les compara con otros países. En Holanda
sólo se requieren 570 firmas para registrarse y
participar en elecciones nacionales (por cierto, los
pedófilos nunca cubrieron con ese requisito; se
quedaron en 100).

Esta situación cambia cuando las elecciones son
competidas; los esfuerzos para incorporar ciudadanos
se multiplican. En el 2000 el actual Presidente se
apoyó en la estructura paralela de los Amigos de Fox
para desbandarlos después de la victoria. En el 2006
López Obrador impulsó las Redes Ciudadanas y está por
verse si sobreviven cuando venga el choque con la
burocracia partidista. Por estas razones resultan tan
saludables las candidaturas ciudadanas.

Quedan las formas tradicionales de influir en la vida
política en donde ha habido algunos avances. Se
generaliza el cabildeo que ante la falta de regulación
sigue estando sujeto a los impulsos de las
personalidades. Como antes. En 1994 Alianza Cívica
pudo presionar a favor de la limpieza electoral por la
sensibilidad y disposición del entonces secretario de
Gobernación, Jorge Carpizo, y de algunos consejeros
del Instituto Federal Electoral. Todavía ahora sigue
siendo indispensable el respaldo de alguien con un
cargo de poder para lograr que prosperen las
propuestas. La importancia de ese factor se reducirá
cuando se generalice la cultura de la participación:
la sociedad debe acentuar la propuesta frente a la
protesta, y el político interiorizar que su función es
la de ser servidor público.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República debe, en teoría al menos, ser sensible a la
participación ciudadana. Quien fuera su presidente
durante el último sexenio, el priista Sadot Sánchez,
consideró en el 2004 ofensivo e inapropiado el deseo
de organismos civiles de participar en el nombramiento
del presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, una institución cara y de beneficios
cuestionables. Ahora ocupa la presidencia de la misma
Comisión doña Rosario Ibarra de Piedra que llega bajo
las siglas del PRD. Por su historial, seguramente será
más receptiva a los muchos planteamientos que la
sociedad tiene en el área de los derechos humanos.

Cuando se acerca el final del primer sexenio de la
alternancia es evidente la brutalidad de las reglas
democráticas. Quienes quieren defender cualquier
derecho deben prepararse para un enfrentamiento
constante en el que la sociedad está en desventaja
frente a los otros actores; una situación que
profundiza otra de las fracturas que dividen a la
sociedad.

La Miscelánea

Enorgullece el reconocimiento internacional otorgado a
la Universidad Nacional Autónoma de México: es la
mejor de la comunidad hispanoparlante. Ni más ni
menos. Con ello se ratifica la seriedad del trabajo
intelectual que realizan en todas las áreas del
conocimiento y se reivindica el papel de las
universidades públicas. Felicidades a la comunidad
universitaria.